Luis Di Stefano - Militante Justicialista Argentino
La reciente acción militar unilateral de los Estados Unidos sobre Venezuela —que incluyó bombardeos y la captura forzada del presidente Nicolás Maduro y de su esposa— constituye un hecho de extrema gravedad para la región y para el orden internacional. Como militante justicialista y como latinoamericano, siento la responsabilidad de expresar mi rechazo absoluto.
Mi postura no responde a simpatías coyunturales ni a
defensas automáticas. Responde a un principio ético y político: ningún país
tiene derecho a violar la soberanía de otro, menos aún mediante la fuerza
militar. La defensa del derecho internacional es, en última instancia, la
defensa de los pueblos.
La intervención estadounidense vulnera pilares esenciales
del sistema internacional:
La prohibición del uso de la fuerza en las relaciones
internacionales (art. 2.4 de la Carta de la ONU).
La soberanía y la igualdad jurídica de los Estados (art.
2.1).
El principio de no intervención en asuntos internos de otros
países.
El derecho de autodeterminación de los pueblos.
La inviolabilidad de jefes de Estado y la prohibición de
ejercer fuerza para capturar autoridades extranjeras en territorio ajeno.
El sistema de seguridad colectiva de la ONU, que exige
autorización del Consejo de Seguridad para cualquier uso legítimo de la fuerza.
Lo ocurrido en Venezuela no es un episodio aislado. Forma
parte de una larga historia de intervenciones estadounidenses en América
Latina, muchas de ellas justificadas en nombre de la “democracia”, la
“seguridad” o la “libertad”, pero que en los hechos dejaron muerte,
inestabilidad y dependencia.
A modo de ejemplo:
•Guatemala (1954): derrocamiento del presidente Jacobo
Árbenz mediante una operación encubierta de la CIA para proteger intereses
corporativos.
•Cuba (1961): invasión de Bahía de Cochinos, intento fallido
de derrocar al gobierno revolucionario.
•República Dominicana (1965): desembarco de más de 20.000
marines para impedir un retorno constitucional.
•Chile (1973): apoyo financiero, logístico y político al
golpe que derrocó a Salvador Allende e instaló una dictadura de 17 años.
•Argentina, Uruguay, Brasil y Chile (décadas del 60 y 70):
coordinación y apoyo a dictaduras del Cono Sur a través del Plan Cóndor.
•Nicaragua, El Salvador y Honduras (años 80): financiamiento
de grupos armados, operaciones encubiertas y desestabilización política.
•Panamá (1989): invasión para capturar a Manuel Noriega, con
cientos de civiles muertos y violación flagrante de la soberanía panameña.
•Haití (múltiples intervenciones): operaciones militares y
tutelaje político prolongado.
Estos hechos no son meras anécdotas históricas: son heridas
abiertas en la memoria latinoamericana. Y cada nueva intervención unilateral
reabre esas heridas, recordándonos que la fuerza sigue primando sobre el
derecho cuando se trata de los intereses de las grandes potencias.
Repudiar la intervención en Venezuela no implica negar la
crisis profunda que vive ese país ni el sufrimiento de su pueblo. Implica
afirmar que ninguna crisis justifica violar el derecho internacional, y que la
salida a los conflictos latinoamericanos debe surgir de los propios pueblos, no
de bombardeos ni de operaciones militares extranjeras.
Como militante justicialista, creo en la autodeterminación,
en la paz y en la dignidad de las naciones libres. Por eso, hoy afirmo con respeto,
pero con total claridad:
la intervención unilateral de Estados Unidos en Venezuela es
inaceptable y debe ser rechazada por la comunidad internacional y por todos los
pueblos de nuestra América.
Saludo Fraternal - Compañero Luis Di Stefano
Militante Justicialista Argentino.
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